La Francia de 1799 era totalmente distinta a la de 1789. En apenas una década, la Revolución había creado un estado completamente nuevo. De una monarquía absolutista se había pasado a una República. Ya no había súbditos, sino ciudadanos. La sociedad, antes capitaneada por la aristocracia y el clero, tenía ahora en la burguesía su motor principal. Tan irreconocible estaba la nación y tan original era el modo en que se había organizado que hubo de remontarse a la Roma clásica para dar nombre a sus nuevas instituciones: Senado, Consulado, Tribunado, Prefectura… Las leyes y la economía, el arte y la ciencia, la educación, el ejército, el papel de la Iglesia, la administración territorial… todos los aspectos del estado habían cambiado respecto del Antiguo Régimen, modelo de renovación integral que se tomó como ejemplo en aquellas otras latitudes en que también se perseguía la soberanía del pueblo en los asuntos colectivos, la libertad política y la igualdad ante la ley. El establecimiento del régimen republicano en 1792 había abolido los privilegios de casta imperantes desde la Edad Media. Con la caída del máximo exponente de esta estructura feudal, el rey, desaparecieron derechos arbitrarios, como el contundente peso político de los nobles sobre el resto de la población. Los grandes beneficiarios de estos cambios fueron quienes los habían provocado, los burgueses. En la práctica, la mejora de su situación se manifestó en una redistribución, favorable a su clase, del poder político y la propiedad privada. Así, la antigua estructura de la sociedad, vertical y estanca, dio paso a un activo esquema horizontal, donde cualquiera podía acceder a los cargos públicos y a la propiedad. El país galo, donde las tierras y las riquezas pronto estuvieron repartidas entre muchos más titulares que poco antes, se convirtió en el país europeo con mayor cantidad de pequeños propietarios.